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MINISERIE ADOLESCENCIA (NETFLIX) Y EL DEBATE SOBRE LA BAJA EN LA EDAD DE IMPUTABILIDAD EN ARGENTINA

Un nuevo sistema integral de responsabilidad penal juvenil debe equilibrar dimensiones sociales y penales, y relacionar políticas e instituciones propias del sistema penal juvenil con el derechos para adolescentes.

MINISERIE ADOLESCENCIA (NETFLIX) Y EL DEBATE SOBRE LA BAJA EN LA EDAD DE IMPUTABILIDAD EN ARGENTINA

La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados e ir a la cárcel. En la Argentina, esta edad se estableció en los 16 años, pero recientemente, el Ministerio de Seguridad publicó un comunicado donde indica que envió un proyecto de ley al Congreso para bajarla a 13 años.

El Régimen Penal de Minoridad argentino, promulgado en 1980 durante la última dictadura militar, estableció que la edad de imputabilidad es a los 16 años, es decir, que los menores de esa edad no pueden ser juzgados. Los adolescentes de entre 16 y 18 años no son juzgados por el mismo sistema que los adultos: sólo son punibles (es decir, que merecen castigo) aquellos que cometan delitos con penas mayores a 2 años, pero recién pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel a los 18 años. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados llamados Centros de recepción y contención de menores.
Hace pocos días se estrenó la miniserie "Adolescencia", cuya trama gira en torno a un adolescente de 13 años acusado de la muerte violenta de una compañera de escuela. La historia aborda las repercusiones del crimen en su círculo familiar más íntimo, la manera en que los padres se vinculan con sus hijos adolescentes, las consecuencias del crecimiento exponencial de las redes sociales, el bullying entre pares; la violencia de género, y la actuación de la justicia y de los servicios de asistencia social en el Reino Unido frente a este tipo de hechos. 
Esta miniserie de Netflix aparece en un momento de convulsión en el país que reavivó el debate sobre la reducción de la edad de inimputabilidad en adolescentes: el caso de una niña que habría sido arrastrada quince cuadras por menores de edad que sustrajeron un automóvil en el que ella se encontraba.

Tanto en la serie como en la realidad los padres de los imputados pertenecen a una clase trabajadora que creyeron “haber hecho las cosas bien”. Les toca enfrentarse a un hijo que terminó siendo algo muy distinto a lo que esperaban, que les genera culpa por sentir que fallaron en su crianza, y dolor porque pese a la monstruosidad de los hechos cometidos, sigue siendo su hijo. 
Es evidente que en Argentina hubo un aumento exponencial de la violencia social, física y verbal, que se manifiesta en todos los sectores: no distingue clases sociales, niveles educativos, grupos etarios ni ideologías, e incluso proviene de cualquier ámbito de la sociedad, incluyendo a todo el arco político que actúa en nombre del Estado. 

Ahora bien, según las estadísticas nacionales, menos del 1% de los delitos graves cometidos en nuestro país son cometidos por menores de edad, y esa cifra se reduce aún más en la franja etaria de 14 y 15 años. Advierten, además, que la mayoría de los adultos delincuentes que pasaron por institutos de menores registran una conducta de reincidencia (el 83%, según estadísticas de la Universidad Tres de Febrero), mientras que la proporción disminuye al 8% entre aquellos que no pasaron por dichas instituciones.
A esto se le suma que la baja en la edad de imputabilidad es una iniciativa fuertemente cuestionada por organismos de derechos humanos y organizaciones académicas. Los argumentos en contra son que no resuelve la inseguridad, profundiza el estigma y la violencia hacia la niñez, criminaliza a los pobres, viola el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y empeora la relación de los jóvenes con el delito.

Como diputada nacional del PS estoy convencida que la baja de la edad de imputabilidad no es una solución mágica a los problemas de inseguridad. Resulta urgente avanzar hacia un nuevo sistema integral de responsabilidad penal juvenil que equilibre las dimensiones sociales y penales, relacione políticas e instituciones propias del sistema penal juvenil con el sistema de derechos para adolescentes, promueva la reparación del daño causado a las víctimas, y el desarrollo integral de los jóvenes.

Mónica Fein