NUEVOS DESAFÍOS A 25 AÑOS DE LA SANCIÓN DE LA LEY DE ÉTICA PÚBLICA

 El conversatorio sirvió para identificar y avanzar en propuestas de mejoras a esta ley, como la presentada por los diputados del PS, Mónica Fein y Esteban Paulón,

"Necesitamos fortalecer el control y la transparencia en la función pública para combatir de raíz los actos de corrupción que afectan la democracia y la autoridad de nuestras instituciones" , señaló Paulón, y subrayó: "la modificación apunta a quienes, como el asesor Santiago Caputo, pese a ser nombrado como consultor, no es un funcionario público. Esta falta de designación como funcionario, lo exime de las responsabilidades que los mismos requieren, como la presentación de declaraciones juradas. Asimismo, presenta incompatibilidades con la Ley de Ética Pública".

La diputada Fein remarcó que "Quienes públicamente negocian y toman decisiones con atribuciones propias del presidente y bajo la figura de contratos monotributistas también deben responder a la ley. Buscamos incorporar normativas sobre el funcionamiento de la Alta Dirección Pública, para establecer que sus funciones son las expresamente establecidas en la Constitución Nacional en el art. 99 y que delegue el presidente, secretarios presidenciales, Jefe de Gabinete y Ministros del Poder Ejecutivo Nacional en otros funcionarios de menor rango, asesores o consultores contratados".

Estuvieron presentes las diputadas nacionales Margarita Stolbizer y Victoria Tolosa Paz, el abogado especialista en temas de corrupción Manuel Garrido, Paula Nuñez del Cippec, Pablo Secchi de Poder Ciudadano, Claudia Licarella de ACIJ, y José Felice del CeMuPro, quienes coincidieron en afirmar que tenemos una deuda pendiente con la Ley de Ética pública y Poder. Como temas a abordar en una agenda de trabajo común, mencionaron: conflicto de intereses, articulación entre los diferentes organismos de control, verdadera estrategia anticorrupción, definición de funcionario público, necesidad de un nuevo marco normativo, investigar qué pasa en las provincias, y regulación de la actividad de lobby, entre otros temas.