El Bloque Socialista presentó un proyecto para transparentar las funciones de los asesores del Presidente

Fein manifestó que la propuesta busca regular y transparentar el accionar de la Alta Dirección Pública (ADP) porque “la Oficina Anticorrupción continúa sin modificar la interpretación legal y es fundamental que estos asesores presenten una declaración jurada obligatoria, independientemente de si su cargo es remunerado o no. No podemos aceptar que personas con semejante responsabilidad no rindan cuentas sobre su patrimonio antes, durante y después de su función pública”.

Según Paulón “el caso de Santiago Caputo es el más llamativo. La semana pasada veíamos como Macri en declaraciones televisivas hablaba del control del poder y del gobierno que tiene Caputo quien, en los registros, aparece como un simple monotributista contratado”.

El proyecto presentado por el Bloque Socialista en la Cámara de Diputados intenta llevar claridad a la forma de vinculación entre los funcionarios y el estado, en cumplimiento con la Constitución nacional y los Tratados Internacionales contra la corrupción.

“Nos alarma que, según las normativas vigentes, personas en cargos como el de Caputo no estén obligadas a presentar una declaración jurada de bienes, limitando la información pública y favoreciendo la posibilidad de corrupción y tráfico de influencias. Con este proyecto queremos impedir que quienes manejan áreas clave del gobierno puedan actuar sin transparencia ni controles”, concluyó el legislador.

ACERCA DE ESTA INICIATIVA

El proyecto propone la modificación de la ley de Ética pública, incorporando incisos específicos en lo relativo a la Alta Dirección política, estableciendo con claridad las competencias y responsabilidades de las y los funcionarios que se desempeñan en esas tareas.

Asimismo determina la obligatoriedad de presentación de declaración jurada de bienes para todas las funcionarias y funcionarios, independientemente de la modalidad de contratación.

En ese contexto se busca evitar irregularidades como la que actualmente representa el nombramiento de un asesor presidencial bajo la modalidad de “contrato de locación” pero que, de acuerdo a las declaraciones del propio Presidente de la Nación, ocupa un rol de enorme responsabilidad sin ser pasible de los controles deseables para tan amplias incumbencias.